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Dialoguemos las medidas

Por Liz Puma Almanza  

La atención multitudinaria en los pormenores del mundial, parece haber sido la oportunidad perfecta para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente ante el Consejo de Ministros y posteriormente envié al Congreso el Proyecto de Ley 3627-2014 (Paquete de Medidas para Reactivar la Economía) y Proyecto de Ley N°3626/2013-PE (Ley de contrataciones del Estado). Medidas que buscan reducir la capacidad normativa y competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) para aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y para establecer zonas reservadas administradas por el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Además, de pretender debilitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer multas a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales; y, limitar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para la aprobación de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Todas estas medidas sustentadas en la apuesta por “reactivar la economía peruana”, cuyo crecimiento ha venido desacelerándose.

De ser aprobadas estas medidas estaríamos ante un escenario de regresión a la década de los 90´s, cuando se generó el cambio del modelo económico, implementándose las llamadas reformas estructurales, derivadas del Consenso Whashington, las que dieron lugar al cambio de modelo de crecimiento centrado en las fuerzas del mercado. Nuevas normas, regulaciones e instituciones se instalaron para llevar a cabo estas reformas. En este contexto el rol del Estado pasó a ser el de regulador y fiscalizador. Las posteriores medidas, de segunda y tercera generación, debían más bien atemperar las desatadas fuerzas del mercado, para que el crecimiento vaya de la mano del desarrollo, un desarrollo inclusivo, sostenible y sobre la base de una democracia cada vez más fortelecida. Ahora, aparentemente, lo que tendríamos sería una regresión, al menos notoriamente en el tema ambiental; en adelante, las decisiones sobre asuntos referidos a calidad ambiental, áreas protegidas y estudios de impacto ambiental, estarían regidas por criterios de política económica y no de los elementos técnicos que las deberían sustentar. El fin, justifica el medio: hay que “destrabar” para crecer.

La regresión también se expresaría frente a la banca privada internacional que en el 2003 adoptó los "Principios de Ecuador", que considera una serie de directrices elaboradas y asumidas de manera voluntaria por los bancos para la gestión de temas sociales y ambientales en relación con el financiamiento de proyectos de desarrollo, en todos los sectores industriales, incluidos la minería, el petróleo y el gas y la explotación forestal. Según estos principios, sólo se otorga financiamiento a los proyectos cuyos patrocinadores puedan demostrar que se gestionarán con responsabilidad social y ambiental y de acuerdo con los Principios. Los Principios reflejan la medida en que la industria bancaria ha dejado de concebir los temas ambientales y sociales como un riesgo de negocio. Aspectos que a la fecha resultan incomprensibles para algunos sectores empresariales nacionales que bajo el discurso de hacer frente a la “permisologia”1- entendida como los obstáculos administrativos para hacer realidad la ejecución de inversiones y puesta en marcha de proyectos en el sector minero e hidrocarburos – pusieron en agenda pública a lo largo de estos últimos meses a través de diferentes plataformas2.

Frente a escenarios de recesión y desaceleración de la economía las medidas deberían tender a fortalecer las instituciones y no actuar en reversa, viendo a las regulaciones ambientales como “trabas” al crecimiento económico, pretendiendo impulsar la economía a costa de debilitar las instituciones. El fortalecimiento de nuestra democracia es una responsabilidad que recae no solo en los grupos que se movilizan demandando atención a sus agendas; es también responsabilidad de nuestro sector empresarial nacional. Espacios de diálogo plural que expresen las diversas voces e intereses alrededor del tema son necesarios que el Estado impulse. Un diálogo real que busque concertar las diferentes visiones de desarrollo es lo que necesitamos.

La desconfianza y preocupaciones económicas que experimenta el sector empresarial pesan por igual que las expectativas de los pueblos indígenas frente a la consulta previa y por lo tanto merecen ser atendidas por igual por el Gobierno. Así como para la CONFIEP3 el paquete de medidas económicas muestra la buena intención y afán por enfrentar los problemas que afectan la inversión en el Perú y para el IEP4, las causas de la actual desaceleración son más internas que externas; la poca capacidad por comprender los reales problemas nacionales afectan el desarrollo sostenible de nuestra nación.

Medidas de esta naturaleza que comprometen a todos los peruanos como ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y deberes, deberían más bien generar un espacio para el más amplio debate y una apuesta por el diálogo entre los distintos grupos de interés, que sea el piso para una negociación política mayor, de modo tal que estas medidas y otras que sean necesarias para apuntalar el crecimiento y el desarrollo sostenible ganen legitimidad.

Lima, 20 de junio de 2014

1 http://www.rumbominero.com/roque-benavides-peru-cae-en-exploracion-minera-debido-a-la-permisologia
2 http://gestion.pe/economia/ppk-necesario-eliminar-permisologia-acelerar-inversiones-mineria-peru-2097826
3 http://www.larepublica.pe/13-06-2014/mef-medidas-impulsaran-crecimiento-sostenido-por-encima-del-6
4 http://gestion.pe/economia/roberto-abusada-sobrerregulacion-ha-contribuido-desaceleracion-2100710