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Conflictos sociales en escalada

Por Liz Puma Almanza

En las últimas semanas, cinco conflictos sociales han escalado a episodios de crisis y violencia. Estas son las etapas más álgidas de los conflictos, que si no se gestionan con pericia pueden generar una crisis de gobernabilidad y vulneración de derechos. Aquí, la estrategia del “bombero” entra a tallar: el objetivo central es desescalar el conflicto con el menor costo social y económico. Luego se podrán abordar los temas que dieron origen al conflicto, aprovechando o promoviendo los periodos de tregua entre las partes. Si una de las partes se siente inconforme con las respuestas de la otra, el conflicto podría iniciar su escalada. Esta es la dinámica que han seguido varios de los conflictos que han estallado en estas semanas.

El conflicto en Las Bambas, en el departamento de Apurímac, ha dejado como saldo una persona fallecida producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y comuneros de Cotabambas. Existe un gran malestar por las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin considerar la participación de las comunidades, la contaminación por polvo que se genera por el transporte de mineral y la demora en la implementación de proyectos sociales de gran envergadura.

Los derrames de petróleo en la selva peruana, debido al mal estado del Oleoducto Norperuano, a cargo de la empresa estatal Petroperú, ha generado la toma de vías fluviales y protestas que tienen más de 60 días. Solo este año se han producido doce derrames de petróleo que han afectado a más de 3,500 familias pertenecientes a siete comunidades nativas. Los pueblos indígenas demandan una adecuada atención y resarcimiento por parte del Estado y la empresa. La actualización de los estudios ambientales para poder pasar a la reparación de los ductos, es uno de los temas que demanda urgente atención.

En el distrito de Parcoy, ubicado en el departamento de Apurímac, se produjeron enfrentamientos entre la PNP y pobladores de la comunidad de Alpamarca que dejaron dos personas fallecidas y más de 20 heridos por armas de fuego. Los pobladores manifiestan su preocupación por la contaminación ambiental que se estaría produciendo en los ríos San Miguel y Parcoy, que desembocan en la laguna de Pías, esto tras la ruptura de una tubería de relave del Consorcio Minero Horizonte S.A. Demandan la conformación de una comisión de alto nivel para investigar el caso y dar soluciones. Cabe precisar que en el año 2015 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso a la empresa ocho sanciones por un monto de 316 UIT.

Del mismo modo, se produjo la toma de campamento de Repsol y amenazas de bloqueo de las plantas de bombeo, por parte de pobladores de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, ubicada en el distrito de Echarate, en la región Cusco. Estos exigieron el inicio del diálogo con la empresa. Denuncian, además, que la empresa amplió su proyecto y está terminando de instalar su planta de compresión de gas, sin consultar a los miembros de la comunidad, y se niega a pagar por el uso de las tierras comunales para la ejecución de su proyecto gasífero.

En la región Cusco, por su parte, se produjo la toma de las instalaciones de la empresa minera Hudbay por parte del Frente de Defensa de Chamaca y los comités de lucha de todas las comunidades que conforman el distrito de Chamaca. Esta acción implicó, adicionalmente, la toma de dos tajos: San José y Constancia, aduciendo que la empresa habría incumplido acuerdos con las comunidades de la zona de influencia y del distrito de Chamaca. Así, solicitan iniciar un proceso de diálogo con participación del Poder Ejecutivo, realizar modificaciones al convenio marco suscrito el 2013, incorporar un aporte social anual de la empresa equivalente a un porcentaje de sus utilidades, así como la inconclusión de acuerdos específicos.

Frente a este escenario, hay que ser conscientes de que estos conflictos van a permanecer activos, y que, más bien, es probable que se activen otros más. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - ONDS, en su informe del mes de octubre, le dedicó un capítulo al corredor minero en el sur andino, en el cual explicó que los conflictos sociales se moverán hacía el sur del país, lo cual obliga al Estado a actuar oportunamente. Las regiones de Cusco, Apurímac, Arequipa y Tacna, serán escenarios de este panorama. Estarán en la mira los proyectos Constancia, Antapacay, Las Bambas, Ampliación Toquepala, y ampliación Cerro Verde. Cabe precisar que este Corredor Minero del Sur tiene una importancia fundamental para el desarrollo económico y social del país, porque dinamizan inversiones en proyectos de infraestructura vial y productiva. Esto generaría tensiones, ya sea por la débil presencia del Estado, deficientes o inexistentes servicios públicos, pasivos ambientales por actividades extractivas, incumplimiento de compromisos por parte de las empresas o el Estado, lentitud en la ejecución de proyectos de los sectores del Ejecutivo, cuestionamiento a las prácticas empresariales y problemas de legitimidad de autoridades elegidas, entre otros temas.

Ante este escenario, para gestionar los conflictos y así evitar que la cifra de personas heridas y fallecidas se incremente, será importante la capacidad predictiva del gobierno y el desarrollo de estrategias, sobre la base de lo avanzado a la fecha y los recursos humanos disponibles. Cada quien tiene que hacer su tarea: la empresa deberá revisar la manera en la que está vinculándose con sus entornos; las comunidades y los gobiernos locales, sopesar sus demandas y buscar formas de encausarlas de manera más institucionalizada, por ejemplo, a través de planes de desarrollo local a nivel distrital, provincial y regional; y el Ejecutivo, actuar a través de sus instancias sectoriales y especializadas, como las oficinas existentes en cada sector. Es indispensable que el abordaje de conflictos se entienda como una responsabilidad compartida.

Adicionalmente, el gobierno puede avanzar en dos marcos temporales. A corto plazo, es necesario que la PCM delegue en la ONDS la ejecución de la estrategia de gestión de conflictos del gobierno; que esta instancia asuma el liderazgo en la coordinación de intervención y seguimiento a los acuerdos; armonizar enfoques de intervención entre los sectores; aprobar el protocolo de coordinación intersectorial; categorizar aquellos conflictos que necesitan atender con urgencia; coordinar con los gobiernos regionales que cuentan con oficinas de diálogo; detectar capacidades de diálogo locales, es decir, espacios de diálogo y concertación y actores que puedan ejercer rol de mediadores o facilitadores; revisar los acuerdos que se han suscrito y evaluar su viabilidad en comités de trabajo multisectoriales. A mediano plazo, resulta indispensable la creación de la Unidad de Gestión del Cumplimiento de los Acuerdos, revisar los acuerdos suscritos entre la PNP y las empresas mineras; diseñar mecanismos de coordinación con la PNP para el ejercicio de contención de la protesta y prevención de conflictos; implementar la propuesta de “adelanto social”; promover alianzas con los gobiernos regionales para la creación de oficinas de diálogo, asignar presupuestos y contar con profesionales capacitados; aprobar e implementar el Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales.

En estas semanas, ante el desconcierto y la confusión, las explicaciones conspirativas han cobrado mayor fuerza, pero si analizamos los conflictos arriba descritos, vemos que no existe coordinación entre ellas, sino, más bien, una gran variedad de situaciones conflictivas propias de cada caso, desde las que demandan asistencia humanitaria, hasta los que buscan negociar beneficios generados de las actividades extractivas, pasando por los que solicitan investigación y atención a los problemas de contaminación ambiental, acceso a servicios públicos básicos, etc. Tenemos conflictos de todo tipo y para todos los gustos, y cada uno de ellos demanda un abordaje a medida.