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Las elecciones y propuestas para el abordaje de conflictos sociales

Nos encontramos a menos de un mes de elegir al presidente y congresistas que nos gobernarán por los siguientes cinco años. Una gran responsabilidad recaerá en cada uno de los candidatos elegidos, pero antes en cada uno de nosotros(as) este 10 de abril; y claro más adelante vigilando el cumplimiento de los compromisos a través del ejercicio activo de nuestra ciudadanía. En la línea de este ejercicio de responsabilidad y vinculado a los ejes temáticos de nuestro interés, revisamos dos documentos generados por organizaciones – con experiencia y conocimiento en el tema- que alcanzan un interesante análisis de los planes de gobierno y propuestas en materia de abordaje de conflictos, a los cuales complementaremos con nuestro aporte desde el enfoque de la transformación de conflictos.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, analizó los planes de gobierno de ocho candidatos, (1) agrupando las propuestas en cuatro grandes temas: Mecanismos para mejorar la relación empresas – zonas de influencia; aplicar la Consulta Previa; asegurar el cumplimiento de las normas ambientales (fiscalización ambiental); y Sistema de gestión de conflictos sociales. Si bien existe una coincidencia sobre la importancia del diálogo como mecanismo para abordar conflictos, desde la mirada transformativa las propuestas se enfocan en dos niveles: relacional y estructural. 

A nivel relacional, se propone fortalecer la comunicación directa entre los actores (Fuerza Popular), coordinación entre los niveles de gobierno para contar con planes de desarrollo en zonas de influencia (Todos por el Perú) y para la implementación de la consulta previa (Frente Amplio).

En el nivel estructural, las propuestas se orientan por asegurar el cumplimiento de la normativa, generar nuevos marcos, promover propuestas de cambio, implementar herramientas de gestión y fortalecer lo trabajado a la fecha. En esta línea se propone cumplir la normativa vigente: participación ciudadana y consulta previa (Fuerza Popular, Todos por el Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Acción Popular); aplicar penalidades y sanciones efectivas (Fuerza Popular). Generar un marco normativo para permitir la participación de las comunidades y gobierno sub-nacionales: accionariado y núcleos ejecutores para compra de bienes y servicios (Fuerza Popular); Canon popular (Alianza Popular); inversión directa sin intermediación de gobiernos subnacionales (Perú Posible); beneficios económicos con respecto de derechos y ambiente (Frente Amplio); monitoreo ambiental ciudadano comunitario independiente ( Frente Amplio); participación de gobiernos subnacionales en la autorización de permisos de explotación, exploración y evaluación impactos (Frente Amplio). Propuesta de cambio en la normativa: Ley General del Canon (Peruanos por el Kambio). Incrementar la inversión social: programas de regalías y productivas y servicios básicos (Alianza Popular). Implementar sistemas y herramientas de gestión: análisis técnico para procesos como EAE, EIA, entre otros (Frente Amplio); sistema de gestión y prevención de conflictos de alcance nacional (Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio). Fortalecer la gestión y rol de los entes de fiscalización ambiental (Fuerza Popular y Frente Amplio).

El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible - GDMDS, en su texto Propuestas para diálogo constructivo sobre minería y desarrollo, (2) alcanzan sugerencias en torno a seis temas: Sistema Integral de Gestión de conflictos y promoción del diálogo, fondo y planes de desarrollo en territorios con presencia minera, proceso integrado en la certificación con los EIA, remediación progresiva de los pasivos ambientales, reorientar la formalización de la minería artesanal, y el diálogo colaborativo. Estos propuestas se orientan a generar cambios y fortalecer procesos a nivel estructural, como son la aprobación de un Sistema Nacional de Gestión y Prevención de Conflictos, considerando la propuesta de ley existente; expandir la política de diálogo a todos los niveles de gobierno; fortalecer el liderazgo de la PCM bajo el liderazgo de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) con un Comisionado que tenga rango ministerial; creación de un Instituto para el Diálogo y el Consenso y un Centro de Excelencia por la Responsabilidad Social; planes integrados de desarrollo en territorios con presencia minera bajo la responsabilidad del Estado y realizados de manera paralela a la elaboración de los EIA; constituir un Fondo utilizando un porcentaje de lo generado por cada empresa del actual Gravamen Especial Minero (GEM) o del Impuesto Especial a la Minería (IEM); promover Alianzas Públicas Privadas (APP) y Obras x Impuestos en torno a proyectos Estratégicos con una perspectiva de diversificación productiva; fortalecer el rol del SENACE superando las deficiencias administrativas; participación en los EIA de las comunidades y poblaciones locales; incorporación de la sociedad civil de manera activa, colaborando con los gobiernos en las iniciativas de cambio y abordaje de problemáticas locales.

Complementamos las propuestas planteadas por el GDMDS, a partir de los alcances trabajados en su momento por Iván Ormachea, (3) a razón de las elecciones regionales del año 2014 y los aportes realizados por la Asociación Civil ProDiálogo para el fortalecimiento institucional en materia de abordaje de conflictos, para que el nuevo gobierno y los legisladores lo consideren dentro de la agenda de los siguientes cinco años. 

•Promover un marco normativo que garantice la participación de las mujeres en la toma de decisiones de los procesos de diálogo, participación ciudadana y consulta previa. 

•Dar continuidad al proceso de descentralización, concluyendo el proceso de transferencia de funciones y competencias hacia los GORE y GL, en aquellas relacionadas a la prevención y gestión de conflictos sociales. 

•Fortalecer los Consejos de Coordinación Intergubernamental (CCI), como instancia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, para garantizar la implementación de un sistema nacional de gestión de conflictos. 

•Fortalecer el marco legal nacional y regional que contribuya a institucionalizar los equipos especializados en materia de abordaje de conflictos sociales en las oficinas, unidades o comisiones a nivel nacional. (4)

•Diseñar e implementar un sistema de alerta tempana de conflictos sociales y de gestión de la información a nivel nacional.

•Establecer mecanismos y espacios de coordinación al interior de las instituciones y con otras direcciones y/o organismos competentes para la prevención y gestión de conflictos sociales. Asimismo, para la reflexión y propuestas en torno a la conflictividad social del país.

•Implementar un sistema de comunicación y difusión de información sobre el rol de las entidades competentes en la prevención y gestión de conflictos sociales. 

•Fortalecer las Comisiones Ambientales Regionales (CAR), las Comisiones Ambientales Municipales (CAM), la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Acuerdo Nacional, entre otros espacios de diálogo multiactor.

•Brindar asistencia técnica dirigida a autoridades y funcionarios de las entidades competentes respecto al análisis y abordaje de conflictos sociales.

•Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento ciudadano para establecer y generar recomendaciones sobre acciones cívicas para construir confianza y promover el restablecimiento de vínculos de confianza entre los actores del conflicto. 

A nivel cultural y personal: 

•Capacitación: implementar programas de capacitación permanente en gestión y prevención de conflictos dirigido a funcionarios públicos, líderes sociales y profesionales del sector privado vinculados a la temática. Con el objetivo de generar cambios a nivel actitudinal con relación al conflicto, pensar las intervenciones desde una mirada planificada y coordinada, desarrollar capacidad de escucha y tolerancia, comprensión y conocimiento de la diversidad cultural, fortalecimiento de liderazgos constructivos, entre otros. 

•Educación en cultura de paz: incorporar en los planes curriculares la educación para la paz considerando enfoque de género y que sea acorde a las realidades culturales, con la finalidad de instalar la valoración del diálogo intercultural, trabajo y toma de decisiones participativas y el rechazo de cualquier forma de violencia. 

Resulta necesario abordar las contradicciones estructurales que son la base de la conflictividad social, que vayan de la mano con cambios a nivel relacional, personal y cultural. Si bien todas estas propuestas se orientan a reducir las situaciones de violencia, el fortalecimiento del proceso de descentralización, los equipos especializados en la prevención y gestión de conflictos, los procesos de consulta previa y la participación de los actores locales en la toma de decisiones. Para implementar estas iniciativas requerimos una clase política que impulse y se comprometa, genere alianzas y pactos con sectores claves y coordiné con los distintos niveles de gobierno, para buscar el consenso en cuanto a reformas claves. Si no contamos con una clase política comprometida con estas reformas y propuestas, todas las buenas intenciones quedaran en el campo de las ideas y formulaciones retóricas. 

1 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2016). Elecciones 2016. Análisis de planes de gobierno. Ambiente y conflictos. Véase en: http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2016/02/Ambiente-y-Conflictos-en-Planes-de-Gobierno-An%C3%A1lisis-de-la-SPDA.pdf

2 Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (2016). Propuestas para diálogos constructivos sobre minería y desarrollo. 

3 Ormachea, Iván (2015). Aportes para una política de transformación de conflictos con equidad desde las regiones. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Pp. 31. Véase en : http://prodialogo.org.pe/sites/default/files/material/files/ormacheaok1x.pdf 

4 A la fecha contamos con equipos profesionales en el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio de la Producción (industria y pesquería). En los Gobierno Regionales, con oficinas especializadas en el Gobierno Regional de Piura, Gobierno Regional de Puno, Gobierno Regional de Arequipa, Gobierno Regional de San Martín, Gobierno Regional de Junín, Gobierno Regional de Loreto, Gobierno Regional de Ayacucho y Gobierno Regional de Moquegua. Puma, Liz y Bedoya, César (2015). Transformación de conflictos. Aportes al análisis y abordaje de conflictos para el desarrollo sostenible. Lima: Universidad Antonio Ruíz de Montoya. Pp. 71. Véase en: http://prodialogo.org.pe/materiales/trans_conf_uarm